Hay un tipo de riqueza que no aparece en el Producto Interno Bruto (PIB). No cotiza en bolsa. No tiene número de expediente. Y, sin embargo, es la razón por la que Costa Rica —un país sin ejército, con una economía pequeña, en el «patio trasero» de una superpotencia en turbulencia (¿o decadencia?)— todavía puede sentarse en mesas donde países más grandes y más ricos no son invitados.
Ese capital no cayó del cielo. Lo construyeron personas, personas visionarias quienes desde el siglo XIX promovieron los derechos de todas las personas, defendieron el país frente a fuerzas invasoras y, sólo unas décadas después, abolieron el ejército cuando a nadie se le ocurría hacerlo, excepto por el caso costarricense; desde Christian Rodríguez (1919) hasta Fernando Lara (1949); fundaron universidades públicas cuando no era obvio que valiera la pena, crearon la Caja o promulgaron las Garantías Sociales, aunque les costara políticamente; quienes apostaron por las energías renovables cuando el petróleo todavía era barato y abundante. Fue una acumulación lenta, difícil, generacional.
Y ese capital se puede esfumar mucho más rápido de lo que se construye.
El problema no es Chaves, Chaves es el síntoma
Sería cómodo —y equivocado— centrar todo el análisis en un solo gobierno. La discontinuidad de las políticas públicas costarricenses no es un invento del PPSD. Es un patrón estructural que atraviesa administraciones, colores partidarios y discursos: cada gobierno llega convencido de que el país nació el 8 de mayo del año en que ganó la elección.
Pero la administración Chaves Robles ha convertido ese patrón en doctrina. No solo ha ignorado la continuidad; en varios casos la ha atacado activamente.
El caso PAACUME es la fotografía más nítida de lo que ese patrón cuesta, en dinero, en tiempo, en cuerpos y vidas.
Cuarenta años de gestión técnica. Cuatro décadas de estudios, negociaciones, mediciones, litigios ambientales, ajustes de diseño. Un préstamo de $425 millones con el BCIE firmado en abril de 2022, ya con el trabajo hecho, ya con los permisos ambientales resueltos, ya con la viabilidad técnica verificada. El proyecto estaba listo para ejecutarse.
La nueva administración lo congeló catorce meses.
Las razones oficiales fueron tarifas y equidad. Las razones reales son más opacas, como suelen serlo. El resultado es perfectamente preciso: el costo saltó de $457,8 millones a aproximadamente $673,8 millones. Un 47% más. Un sobrecosto de $216 millones que no construyó ni un metro adicional de tubería, no bombeó ni un litro de agua adicional, no resolvió ni una sola de las preguntas técnicas que ya estaban resueltas.
Y la operatividad —que debía llegar en 2025-2026— se desplazó al 2029.
La soberanía alimentaria que nunca fue política de Estado
El informe estratégico sobre el sector agropecuario en 2026 describe con frialdad lo que ocurre cuando se combinan el bloqueo de Ormuz, el fenómeno atmosférico El Niño del segundo semestre y los aranceles de Trump: una tormenta perfecta que ya estaba siendo construida, lentamente, por décadas de decisiones que nunca se tomaron.
La urea (principal insumo agrícola) ya subió 56,5% en lo que va de 2026. El diésel sube 32% en mayo. Los aranceles norteamericanos mordieron un 10% en piña, banano y melón. Y Costa Rica enfrenta todo eso con una estructura de dependencia que ningún gobierno ha podido (o querido) reducir sistemáticamente: el 25-45% de los costos de producción agropecuaria son fertilizantes importados. El 66% de la matriz energética es hidroeléctrica (vulnerable a exactamente el tipo de sequía que El Niño trae). La concentración exportadora hacia Estados Unidos supera lo que cualquier análisis de riesgo recomendaría.
Eso no ocurrió de golpe. Fue el resultado acumulado de no invertir en agroecología, de no construir reservorios de agua, de no diversificar mercados, de no reducir dependencia de insumos externos. Decisión tras decisión postergada porque la urgencia del próximo ciclo electoral siempre es más visible que la vulnerabilidad del próximo quinquenio.
Pero ahora la urgencia llegó. Y llegó junta. Nos está estallando en la cara.
Los datos identifican una ventana de intervención estratégica entre mayo y julio. Son medidas que pueden mitigar el golpe. No pueden resolverlo.
Lo que habría resuelto esto era una política agraria de largo plazo que ningún gobierno tuvo la visión o el tiempo para construir y mantener. El actual gobierno pareciera ir más lejos: desmantelarla a favor de las importaciones. No es una novedad histórica; es el mismo libreto de la segunda administración Arias-Sánchez (2006-2010), con distinto protagonista pero además, con un peor contexto internacional.
El capital que se vende en silencio
Bourdieu nos recuerda que hay formas de capital que no son directamente canjeables por dinero pero que determinan qué puede hacer un actor en el mundo. Capital cultural: la capacidad de producir conocimiento, de formar personas, de sostener el tejido intelectual de una sociedad. Capital social: las redes de confianza, las instituciones que permiten la cooperación sin necesidad de vigilancia permanente. Capital simbólico: el reconocimiento acumulado, la credibilidad, el peso que una trayectoria colectiva otorga en la negociación con otros actores.
Costa Rica tiene todos esos en proporciones extraordinarias para el tamaño del país.
La UCR, el ITCR, la UNA, la UNED no son solo instituciones de enseñanza. Son el mecanismo de producción de capital cultural que permite que el país piense sus propios problemas y no dependa de que otros los piensen por él. El sistema de salud pública no es solo un servicio: es el capital social solidificado en infraestructura. La abolición del ejército no fue solo una decisión presupuestaria: fue la construcción de un nicho geopolítico único que convirtió al derecho internacional en la única garantía de seguridad posible del país —y por eso nos volvimos sus defensores más consistentes.
Ese capital puede venderse a plazos. Sin que nadie firme nada. Sin que aparezca en ningún presupuesto.
Cuando el gobierno de Chaves Robles guarda silencio ante las amenazas explícitas de destruir infraestructura civil en Irán —centrales eléctricas, puentes— e incluso «desaparecer una civilización completa», no está siendo prudente ni pragmático; al contrario, aceptar implícitamente que el derecho internacional humanitario tiene excepciones cuando el vecino grande lo requiere mina uno de nuestros principales cortafuegos. El país que no tiene ejército está diciéndole al mundo que está bien que el verdadero escudo internacional que lo protege puede tener agujeros.
El capital simbólico de décadas no desaparece en un comunicado; desaparece en el silencio acumulado de los comunicados que no se emitieron.
Los que sí ven el largo plazo (y no somos nosotros)
Aquí hay una asimetría que rara vez se nombra: los grupos que se benefician de la discontinuidad de las políticas públicas sí tienen visión de largo plazo. Los que lucran con la dependencia energética sí invierten en horizontes de veinte años. Los que promueven el alineamiento acrítico con Washington sí entienden que las relaciones geopolíticas se construyen en décadas.
La miopía no es universal. Es selectiva.
Cuando se congela PAACUME catorce meses, alguien está calculando qué contratos se redistribuyen, qué presupuestos se liberan, qué fidelidades se construyen. No hay actos neutros en la administración pública. La pregunta siempre es la misma: ¿a quién beneficia este ritmo?
La respuesta, en el caso de PAACUME, no son las comunidades guanacastecas con arsénico en el agua desde 2013.
La respuesta, en el caso del sector agropecuario, no son los pequeños productores que van a pagar la urea al precio de la tormenta perfecta en el segundo semestre.
La respuesta, en el caso del capital simbólico del país, no es la juventud que hereda un país que ya no puede sentarse en esas mesas.
El problema es que esa racionalidad tiene víctimas. Con nombre. Con coordenadas geográficas. Con arsénico en el cuerpo y urea que ya no pueden pagar.
Lo que le estamos dejando a los que vienen
La discontinuidad de las políticas públicas no es solo ineficiencia administrativa. Es una transferencia intergeneracional de costos.
Los niños guanacastecos que en 2013 empezaron a beber agua contaminada con arsénico tienen hoy entre 5 y 18 años. La solución técnica existía. El financiamiento existía. Lo que no existió fue la continuidad política para ejecutarla. Eso no es un accidente de gestión: es una decisión que alguien tomó —por omisión, por pausa, por cálculo— y que tiene consecuencias en cuerpos reales, en salud real, en desarrollo cognitivo real de personas que aún no han votado por nadie.
La juventud costarricense va a heredar una matriz energética que debía diversificarse hace diez años y que apenas comenzaba. Un sector agrario estructuralmente dependiente de insumos que viajan por rutas geopolíticamente frágiles. Un capital simbólico con grietas que se fueron abriendo en silencio, mientras los titulares cubrían peleas legislativas y escándalos de redes sociales.
Y va a heredar también la deuda de los $216 millones adicionales que costó congelar PAACUME catorce meses. Esos sí van a aparecer en algún balance.
El capital histórico se construye en generaciones, pero se destruye en los pocos meses de una administración.
No hay «apolíticos»
La lógica que atraviesa todos estos casos es la misma. En los sistemas hiperglobalizados de hoy, la decisión de no construir resiliencia interna —soberanía alimentaria, diversificación energética, continuidad institucional— es siempre una decisión a favor de quienes se benefician de la dependencia. La apariencia de neutralidad política es una posición política.
Abandonar la transición energética porque un poder hemisférico presiona hacia los combustibles fósiles, no es ser pragmático: es dilapidar y destruir lo que generaciones anteriores construyeron para que no dependiéramos de esas presiones. Desmantelar la investigación científica que monitorea el estado de los ecosistemas, no es ahorrar presupuesto: es destruir la capacidad colectiva de ver a tiempo lo que viene. Cuando se guarda silencio ante la erosión del derecho internacional, no se está siendo prudente: es una forma activa de vender el único activo que protege a un país desarmado.
Los sistemas más resilientes —lo sabemos en ecología, en antropología, en ingeniería— no son los más cerrados ni los más abiertos. Son los que mantienen un equilibrio dinámico entre su organización interna y los flujos que los sostienen. Ese equilibrio no se mantiene por inercia. Se construye activamente, o se pierde.
Costa Rica todavía tiene ese capital. Todavía puede decidir.
Pero cada administración que llega convencida de que el país nació el día en que su partido ganó las elecciones lo hace un poco más difícil. Y los que pagan el precio de esa miopía no son los policastros que la ejercen: son las comunidades que esperan agua potable desde hace trece años, los agricultores que van a enfrentar el segundo semestre sin red, la juventud que hereda un país más pequeño que el que recibimos.
La pregunta —incómoda y sin respuesta fácil— es si nosotros y nosotras, como sociedad costarricense, estamos en disposición de exigir la continuidad institucional que ese capital requiere para no desvanecerse.
Este ensayo fue publicado el 21 de abril de 2026 en Delfino.cr. Los criterios expresados representan exclusivamente la posición del autor.