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Boletín Especial 19 de abril de 2026 Política · Economía · Ambiente · Costa Rica
Política Hídrica · Infraestructura Estratégica · Guanacaste

El agua que no llegó:
PAACUME, su parálisis
y el futuro incierto de Guanacaste

Un análisis comparado de dos administraciones, doce años de historia burocrática, una paralización política que retrasó años el proyecto más ambicioso de infraestructura hídrica de Costa Rica, y el estado actual de unas obras que, a abril de 2026, apenas alcanzan el 18,6% de avance.

I. El agua como deuda histórica: génesis del PAACUME

La provincia de Guanacaste padece una asimetría hídrica estructural con respecto al resto de Costa Rica. Su posición geográfica la expone a la estación seca más prolongada del país —de cuatro a seis meses de déficit hídrico en la planicie costera— y su modelo de desarrollo, anclado en agro-exportación, turismo y ganadería, demanda agua de forma constante durante todo el año. Las comunidades de la margen derecha del río Tempisque —Carrillo, Santa Cruz, Nicoya y la franja costera— han carecido históricamente de un sistema robusto de abastecimiento comparable al que sirve la margen izquierda a través del Distrito de Riego Arenal-Tempisque (DRAT).

Ese déficit fue declarado emergencia nacional por contaminación de arsénico en algunas comunidades desde 2013. La solución técnica, sin embargo, llevaba décadas gestandose en instancias institucionales antes de tomar forma definitiva.

DÉCADAS 1980-2000
Primeras discusiones técnicas sobre infraestructura hídrica para la margen derecha del Tempisque. El presidente Alvarado reconoció en 2022 que las primeras conversaciones datan de cuarenta años atrás.
NOVIEMBRE 2014
La Administración Solís Rivera crea por decreto ejecutivo el Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste (PIAAG), ejecutado por SENARA. El PAACUME es su componente principal.
2015–2018
Se realizan los estudios básicos de factibilidad, diseño conceptual y gestiones de financiamiento. Para 2018, según el exministro Edgar Gutiérrez, los estudios fundamentales estaban listos. El BCIE aprueba el préstamo de $425 millones en julio de 2018.
2018–2021
La Administración Alvarado Quesada enfrenta múltiples recursos de inconstitucionalidad contra la Ley 9610 (desafectación de 113 ha de la Reserva Lomas de Barbudal). La Sala IV rechaza todos los recursos. SETENA otorga viabilidad ambiental en agosto de 2021 tras años de proceso.
ABRIL 2022
La Administración Alvarado Quesada firma el contrato de préstamo con el BCIE ($425 millones). El costo total del proyecto se establece en $457,8 millones. Se conforma la unidad ejecutora. Orden de inicio prevista para finales de 2022.
JULIO–NOVIEMBRE 2022
La Administración Chaves Robles asume el poder (mayo 2022) y en julio congela la ejecución del proyecto al condicionarlo a ajustes tarifarios y garantías de beneficio equitativo. Primera parálisis efectiva bajo el nuevo gobierno.
NOVIEMBRE 2022
Chaves anuncia el relanzamiento del proyecto bajo el nombre "Agua para la Bajura", incorporando explícitamente el componente de agua potable para consumo humano (que el diseño original ya contemplaba). Promete inicio de obras "en un año".
JULIO 2023
Orden de inicio formal de obras —catorce meses después del contrato BCIE firmado en abril de 2022, y con un año de retraso respecto al cronograma original. SENARA e ICE arrancan las primeras obras de conducción en Bagaces.
JULIO 2024
Chaves admite que el proyecto no será inaugurado durante su mandato. El gobierno proyecta operatividad para 2029. Firma de Convenio ICE-SENARA para obras de generación eléctrica asociada.
JULIO 2025
SENARA da orden de inicio al Contrato de Obras de Conducción con el ICE. Se actualizan cifras de inversión: $673,8 millones en inversión total —un aumento de más de $200 millones sobre la estimación original de 2022.
FEBRERO 2026
Visita técnica interinstitucional reporta 18,6% de avance global. Obras de conducción con 8,25% de avance. Construcción de presa y embalse prevista para 2026. Operatividad estimada: 2029.

II. Análisis comparado: Administración Alvarado Quesada vs. Administración Chaves Robles

El PAACUME es un proyecto multipartidario en su historia institucional: fue diseñado bajo el PAC (Solís Rivera, 2014–2018), continuado bajo el PAC (Alvarado Quesada, 2018–2022), paralizado y redenominado bajo PPSD (Chaves Robles, 2022–presente). La tensión entre estas administraciones generó una pérdida de tiempo crítica en un contexto de cambio climático creciente.

Dimensión Administración Alvarado Quesada (PAC, 2018–2022) Administración Chaves Robles (PPSD, 2022–presente)
Nombre del proyecto PAACUME (nombre técnico oficial) "Agua para la Bajura" (renombrado por el Ejecutivo)
Énfasis discursivo Adaptación climática; seguridad hídrica; riego agropecuario y turismo Agua potable para consumo humano; equidad territorial; critica al beneficio a "los ricos"
Hito financiero Firma del contrato BCIE ($425M) — abril 2022. El préstamo fue aprobado desde 2018 y el gobierno lo formalizó en los últimos meses de mandato. Paralización temporal (jul–nov 2022); reactivación sin cambios estructurales al contrato; actualización de inversión a ~$673M para 2025.
Posición ante Lomas de Barbudal Desafectación de 113 ha justificada por compensación ambiental (547 ha adicionales); viabilidad SETENA obtenida en 2021. Acepta el diseño. No modifica el impacto ambiental.
Cronograma previsto Obras a iniciar en 2022, operatividad prevista circa 2025–2026 según proyecciones de 2021. Obras iniciadas julio 2023 (14 meses de retraso). Operatividad: 2029 (3–4 años de retraso sobre la proyección original).
Orden de inicio efectiva No emitida; dejó el proyecto con financiamiento firmado pero sin ejecución. Emitida en julio 2023 (tras 14 meses de congelamiento político).
Narrativa de disputa Chaves acusó al proyecto heredado de favorecer a grandes terratenientes. El exministro Gutiérrez contradijo la versión oficial: "Todo estaba listo; Chaves no quería el proyecto por ser del PAC." Chaves atribuyó el retraso a "ecologistas" que "le atravesaron el caballo". Las fuentes verificadas indican que los recursos constitucionales fueron resueltos antes de que Chaves asumiera.
Componente agua potable Contemplado en el diseño original (2 m³/s). No fue el eje discursivo principal. Elevado a eje discursivo central como diferenciador frente al proyecto anterior. Sin cambio técnico sustantivo en el componente.
Costo total proyectado $457,8 millones (2022) ~$673,8 millones (2025) — incremento de ~47% en tres años.
La editorial de La Nación de junio de 2023 fue directa: "El nuevo planteamiento es, esencialmente, el mismo proyecto Paacume con otro nombre. No importa cómo se le llame, es urgente." La disputa sobre la nomenclatura y la autoría política tuvo costos reales en tiempo y, presumiblemente, en presupuesto.

III. La parálisis de 2022: causas, costos y consecuencias

3.1 El congelamiento y sus factores

El 25 de julio de 2022 —tan solo dos meses después de asumir el poder— el presidente Rodrigo Chaves condicionó el avance del PAACUME a dos requisitos no técnicos: (a) ajuste en el precio cobrado por metro cúbico para equiparar las tarifas entre ambas márgenes del Tempisque y (b) garantías explícitas de que el agua beneficiaría a todos los guanacastecos y no solo a los sectores industriales. La frase presidencial —"No le vamos a seguir regalando agua a los ricos"— sintetizó una narrativa de redistribución que, sin embargo, no estaba respaldada por un análisis técnico que justificara la paralización del proyecto.

Las fuentes verificadas permiten distinguir al menos cuatro factores en la decisión de congelar:

Factor 1 — Identidad política del proyecto. El PAACUME fue creado, diseñado y financiado bajo dos administraciones del Partido Acción Ciudadana. Según el exministro Gutiérrez, Chaves inicialmente no quería el proyecto por esa asociación partidaria, y solo cedió ante la presión de las fuerzas vivas y empresariales de Guanacaste.

Factor 2 — Disputa sobre beneficiarios. Chaves señaló que la margen izquierda del Tempisque, construida para parceleros, estaba sirviendo a grandes empresas azucareras a un precio de ₡2,5 por m³, mientras que el PAACUME cobrarìa ₡16/m³ en la margen derecha. Este argumento sobre equidad tarifaria tenía sustento factual parcial, pero no justificaba una paralización total.

Factor 3 — Oposición ecologista no resuelta. Aunque todos los recursos constitucionales habían sido rechazados antes de que Chaves asumiera, la oposición ambiental al proyecto (FECON y otros actores) continuaba activa. El gobierno pareció sumar esas objeciones a su propio discurso.

Factor 4 — Reencuadre discursivo. La administración Chaves necesitaba presentar el proyecto como propio, no como herencia del PAC. El proceso de redenominación y reconfiguración discursiva tomó seis meses (julio–noviembre 2022), período durante el cual la ejecución estuvo paralizada.

3.2 Costos verificables del retraso

La orden de inicio formal de obras se emitió en julio de 2023, lo que implica:

El argumento del gobierno sobre los "ecologistas que atravesaron el caballo" es epistémicamente débil: los recursos constitucionales fueron resueltos durante la administración Alvarado. El retraso de 2022–2023 fue consecuencia de una decisión política deliberada de la nueva administración, no de obstáculos jurídicos o ambientales pendientes.

IV. Evaluación epistémica MEEE-G

La siguiente tabla clasifica las afirmaciones centrales de este análisis según el estatus epistémico que les corresponde bajo la Matriz Explicacionista de Evaluación Epistémica de Goldman.

Afirmación Clasificación Justificación
El PAACUME fue creado en 2014 bajo el PIAAG por decreto de Solís Rivera y el financiamiento BCIE fue aprobado en 2018. DC Dato confirmado por fuentes institucionales de SENARA y Presidencia.
La orden de inicio formal de obras fue emitida en julio de 2023, 14 meses después de la firma del contrato BCIE. DC Confirmado por múltiples fuentes (Amelia Rueda, El Guardián, BCIE).
El avance global del proyecto al 19 de febrero de 2026 es del 18,6%, con obras de conducción en 8,25%. DC Comunicado oficial del gobierno del 19/02/2026; reportado por múltiples medios verificados.
El costo total del proyecto aumentó de $457,8M (2022) a $673,8M (2025). DC Cifras de la Presidencia (2022) y comunicado oficial (julio 2025) respectivamente.
La decisión de Chaves de congelar el proyecto en julio 2022 obedeció principalmente a motivaciones políticas (distancia del legado del PAC). IP Inferencia plausible respaldada por testimonio de Edgar Gutiérrez (exministro) y la secuencia cronológica; no se tiene acceso a deliberaciones internas del Ejecutivo.
El retraso de 14 meses contribuyó al incremento del costo del proyecto. IP Plausible por inflación de materiales y costos financieros del préstamo; no hay un estudio costo-beneficio publicado que lo cuantifique específicamente.
El proyecto será operativo en 2029 según el cronograma actual. H Hipótesis de trabajo del gobierno, con avance del 18,6% a inicios de 2026. Historia de retrasos en proyectos similares en Costa Rica aconseja prudencia.
El componente de agua potable de "Agua para la Bajura" es técnicamente idéntico al diseño original del PAACUME. Int Interpretación consistente con los testimonios del exministro Gutiérrez y el análisis de La Nación; el gobierno argumenta que realizó "mejoras" al diseño original.
Sin el retraso, las comunidades más vulnerables de Guanacaste habrían tenido agua potable confiable para 2026. C Conjetura razonada pero no verificable: depende de supuestos contrafactuales sobre ejecución sin contratiempos y demanda real.

V. Lectura dinámica ADD

Atractores del sistema
La escasez hídrica estructural de Guanacaste opera como atractor fundamental: cualquier administración, independientemente de su orientación política, termina convergiendo hacia soluciones de infraestructura hídrica de gran escala. El PAACUME/Bajura es la expresión institucionalizada de ese atractor. La disputa es sobre el nombre y los beneficiarios, no sobre la necesidad del proyecto.
Zona de turbulencia (2022–2023)
La transición de administración generó una zona de turbulencia política en la que el proyecto perdió momentum institucional. El sistema técnico-financiero (SENARA + BCIE + ICE) funcionó como amortiguador: el contrato firmado y el préstamo desembolsado limitaron el espacio de maniobra del nuevo gobierno para cancelar el proyecto, forzando eventualmente su reactivación bajo nueva narrativa.
Flujos y acoplamientos
El proyecto opera en tres flujos simultáneos: (a) flujo hídrico: aprovechamiento del embalse Arenal → río Piedras → planicie costera; (b) flujo financiero: préstamo BCIE → ejecución pública → contratistas → economía regional; (c) flujo simbólico-político: disputa por la autoría del proyecto entre administraciones, con capital simbólico asociado a "resolver" el problema del agua en Guanacaste.
Tensiones no resueltas
Persisten tensiones entre: (1) el ritmo de ejecución (18,6% en 3 años) y la meta 2029; (2) el diseño concebido para grandes productores y el discurso de equidad social; (3) la conservación del bosque seco tropical (Lomas de Barbudal) y la necesidad hídrica; (4) el costo del préstamo BCIE ($673M+) y la capacidad del Estado de absorber la deuda sin transferirla a tarifas.
Bifurcación crítica
El proyecto enfrenta una bifurcación institucional en 2026: la construcción de la presa y el embalse (obras centrales) debe iniciar este año. Si se logra la adjudicación del contrato de Presa y Vertedor, el proyecto entra en régimen laminar de ejecución sostenida. Si no, una nueva turbulencia podría proyectar la operatividad más allá de 2030.
Clausura organizacional
La resistencia de las comunidades campesinas y pesqueras de la región a los efectos de las expropiaciones y al modelo de distribución (prioridad al sector turístico e industrial vs. consumo doméstico) constituye una clausura organizacional que el proyecto no ha resuelto plenamente. La gestión social de las obras es un componente crítico pendiente señalado en los propios reportes oficiales.

Régimen dinámico actual

El sistema PAACUME/Agua para la Bajura se encuentra en un régimen de turbulencia controlada: las obras están en marcha pero el ritmo de ejecución (18,6% en casi tres años desde el inicio formal) genera dudas sobre la viabilidad del cronograma 2029. El sistema cuenta con estabilizadores fuertes —contrato firmado, financiamiento activo, múltiples ministerios involucrados— pero no ha cruzado el umbral de irreversibilidad constructiva que ocurrirá cuando la presa y el embalse estén en construcción activa.

VI. Estado actual del proyecto (abril 2026)

Componente Estado Observaciones
Obras de conducción (ICE–SENARA) En ejecución — 8,25% de avance Orden de inicio: julio 2025. Incluye toma de aguas, túnel de conducción, tubería forzada y canal de restitución. Permiten el desvío del canal oeste para iniciar la presa.
Presa y Embalse Río Piedras Pendiente de adjudicación (prioridad 2026) Construcción proyectada para iniciar en 2026. Diseño del ICE: 485 m × 295 m, costo estimado $142M. Es la obra central del proyecto.
Canal Oeste (Embalse Arenal → Embalse Río Piedras) Diseño finalizado; adjudicación pendiente 55 km de longitud. Trazo final definido; levantamiento topográfico de 155 km completado. Publicación del cartel en proceso.
Planta potabilizadora En diseño y cartelización AyA reporta capacidad inicial para 147.000 personas, con proyección a 450.000 en 25 años.
Red de distribución (riego) En fase de diseño de cartel 18.639 ha previstas; 746 productores directos en Nicoya, Santa Cruz y Carrillo.
Gestión social y arqueológica En proceso Prospección arqueológica pendiente; censo forestal en curso; gestión de expropiaciones activa.
Avance global 18,6% (febrero 2026) Referenciado en visita técnica interministerial del 19/02/2026.

VII. Escenarios plausibles (2026–2030)

Optimista
Ejecución acelerada
La presa adjudica en 2026 según cronograma; el canal oeste inicia en 2026–2027; la planta potabilizadora concluye en 2028. El proyecto entra en operación parcial antes de 2029, con agua potable para ~150.000 personas y riego para varios miles de hectáreas antes de la conclusión total.
Inercial
Operatividad 2029–2030
Las obras continúan al ritmo actual con retrasos moderados en la adjudicación de la presa. La operatividad plena se alcanza en 2029–2030, con un costo total que podría superar los $700 millones. El próximo gobierno hereda un proyecto en ejecución avanzada.
Adverso
Nueva parálisis
Un cambio de administración en 2026 con prioridades diferentes, o problemas técnicos en la fase de construcción de la presa, podría generar nuevos retrasos. La operatividad se desplazaría a 2031 o más allá, con costos financieros del préstamo BCIE acumulándose sin infraestructura operativa.

Relevancia para Costa Rica

Dimensión política: El PAACUME/Agua para la Bajura es un caso paradigmático de continuidad institucional interrumpida. El cambio de administración de 2022 no solo retrasó el proyecto; reveló la debilidad estructural del Estado costarricense para proteger proyectos de infraestructura estratégica de los ciclos políticos. La disputa por la autoría —y el consecuente retraso de más de un año— tiene costos reales que las comunidades guanacastecas están pagando. Este patrón no es exclusivo del PAACUME: se observa en infraestructura vial, energética y de telecomunicaciones.

Dimensión económica: Guanacaste es el principal polo de crecimiento turístico de Costa Rica fuera de la GAM. La inseguridad hídrica frena inversiones turísticas y agropecuarias en los cantones beneficiarios. El retraso de 3–4 años en la operatividad del proyecto implica años adicionales de crecimiento limitado en una región que ya opera con escasez hídrica. El incremento del costo del proyecto ($216M adicionales) es además deuda pública que el Estado debe servir —con cargo a la ciudadanía— sin la infraestructura operativa que lo justificaría.

Dimensión ambiental: El cambio climático agrava la sequía del Corredor Seco Centroamericano, del que Guanacaste forma parte. Cada año de retraso en la operatividad del embalse Río Piedras es un año adicional de vulnerabilidad hídrica extrema para los cantones beneficiarios. La desafectación de 113 ha de Lomas de Barbudal ya fue aprobada jurídicamente, pero la compensación de 547 ha prevista depende de que el proyecto ejecute efectivamente sus compromisos ambientales, que aún están pendientes.

Dimensión social: Las comunidades con contaminación por arsénico —declaradas emergencia nacional desde 2013— siguen esperando una solución estructural. La promesa de agua potable para 500.000 personas de la Región Chorotega no se materializará antes de 2029 en el mejor escenario. Eso implica que niños y adultos en esas comunidades habrán vivido dieciséis años desde la declaración de emergencia sin acceso garantizado al recurso más básico.

Dimensión institucional y señal para la región: Costa Rica tiene una reputación internacional como Estado capaz de ejecutar proyectos de sostenibilidad y adaptación climática. El PAACUME fue presentado —con justeza técnica— como el principal proyecto de adaptación climática del país. La demostración de que ese proyecto puede ser paralizado por cálculos políticos durante catorce meses daña esa reputación frente a los financiadores internacionales (BCIE) y socava la credibilidad del país en futuros procesos de financiamiento climático.

VIII. Incertidumbres abiertas

Los siguientes elementos no pueden resolverse con la información disponible al momento de este análisis:


Referencias — APA 7

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El Mundo CR. (2025, julio 22). Agua para la Bajura: Avanzan obras para garantizar agua y desarrollo en Guanacaste. elmundo.cr

El Mundo CR. (2026, febrero 19). Gobierno consolida avances en "Agua para la Bajura" y define prioridades para 2026. elmundo.cr

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Periódico Mensaje Guanacaste. (2026, febrero 19). Gobierno consolida avances del Proyecto Agua para la Bajura y define prioridades estratégicas para 2026. periodicomensaje.com

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SETENA. (2021). Resolución No. 1226-2021-SETENA: Viabilidad ambiental Proyecto PAACUME. setena.go.cr

Nota metodológica obligatoria

El presente boletín combina evaluación epistémica explicacionista (Matriz MEEE-G, con clasificación expresa de cada afirmación como dato confirmado, inferencia plausible, hipótesis, interpretación o conjetura) y análisis dinámico antropológico conforme al marco de la Antropología Dinámica del Devenir (ADD), de Alfredo Montero Fonseca. No constituye predicción determinista ni recomendación de política pública. Las inferencias y escenarios expresan trayectorias plausibles bajo el contexto informacional disponible; no son declaraciones de certeza. La producción periodística citada proviene de medios con estándares editoriales verificables; en los casos donde se recogen testimonios de actores con intereses identificables (exministros, funcionarios), se indica explícitamente el sesgo potencial.