EL BISTURÍ
Y EL PANÓPTICO
Dos formas de vigilancia que se confunden todo el tiempo en las noticias — y lo que Costa Rica acaba de hacer con las dos, al mismo tiempo, en direcciones opuestas
Estimado lector, estimada lectora:
Cada vez que hay una noticia de espionaje, salen dos nombres a la vez: Pegasus y Palantir. Se mencionan juntos, como si fueran la misma amenaza con dos apellidos distintos. No lo son. Son dos herramientas completamente diferentes, que hacen cosas diferentes, y a las que hay que exigirles controles diferentes. Confundirlas no es solo un error de detalle: nos deja mal armados para exigirle cuentas al poder.
Y hay una razón muy concreta para explicarlo justo ahora: en las últimas semanas, el Estado costarricense hizo dos movimientos —uno con cada una de estas lógicas— que van en direcciones exactamente contrarias. Uno cerró información; el otro fue obligado a abrirla. Vamos por partes.
— El equipo de ANCA-ADD
¿Qué son, en realidad, Pegasus y Palantir?
un bisturí que entra a un teléfono, y un panóptico que ordena datos que ya existenPegasus es un programa espía. Se mete —a veces sin que la persona haga absolutamente nada, ni siquiera abrir un mensaje— en un teléfono específico, y una vez adentro puede leer mensajes, prender el micrófono, activar la cámara y ver la ubicación. Es una herramienta de un solo blanco a la vez: entra a la fuerza en un aparato, como un bisturí que corta uno por uno.
Palantir es otra cosa por completo: es un programa que junta datos que ya existían —en hospitales, migración, policía, bancos— y los conecta para armar perfiles y mapas de relaciones entre personas. No entra a la fuerza en nada: ordena, cruza y hace visible lo que ya estaba guardado, pero disperso. Es un panóptico —esa torre de vigilancia que todo lo ve desde el centro— pero hecho de datos, no de ladrillos.
🔬 Pegasus
- Qué hace: se mete en un teléfono y saca todo su contenido.
- A quién: un blanco a la vez —periodistas, activistas, opositores.
- Quién lo compra: solo gobiernos, para «espionaje legal».
- Su problema: es intrusión escondida, sin importar cómo se use.
🕸️ Palantir
- Qué hace: une bases de datos que ya existían y arma perfiles.
- A quién: poblaciones enteras, millones de registros a la vez.
- Quién lo compra: gobiernos y también grandes empresas.
- Su problema: depende de qué datos se le conecten y quién los controla.
Pegasus es como un ladrón que entra por la ventana de una sola casa. Palantir es como una empresa que junta, en un solo mapa, todo lo que cada vecino ya le contó por separado al banco, al hospital y a la municipalidad. La primera es siempre un delito si no hay orden judicial. La segunda puede ser útil —organizar listas de espera de hospitales, por ejemplo— o peligrosa —armar una lista de personas para deportar—, según a quién se le entreguen las llaves.
Pegasus perdió en la corte — por primera vez
un jurado de Estados Unidos hizo algo que nunca había pasado: hacerle pagar a la empresaLa empresa dueña de Pegasus se llama NSO Group, es israelí, y durante años negó que su programa pudiera hacer lo que hacía. En 2025 eso cambió: un jurado en Estados Unidos la condenó a pagarle a WhatsApp más de 167 millones de dólares, por un ataque de 2019 que afectó a unas 1.400 personas. Un juez ordenó, además, que NSO no vuelva a atacar la infraestructura de WhatsApp nunca más.
Lo más revelador no fue la plata: fue lo que la empresa admitió bajo juramento, algo que había negado por años —que su programa sí puede sacar «todo el contenido» de un teléfono, y que la propia empresa, no solo sus clientes, participa en manejar los ataques.
Mientras tanto, Palantir sigue creciendo
de hospitales británicos a la migración estadounidense — la misma empresa, contratos por miles de millonesPalantir no está en problemas legales: está en expansión. En Estados Unidos, el Ejército consolidó contratos hasta por 10.000 millones de dólares. La agencia de migración (ICE) le pagó 30 millones por una herramienta llamada «ImmigrationOS», que junta pasaportes, seguro social, datos fiscales, teléfonos y reconocimiento facial para priorizar deportaciones.
En el Reino Unido, Palantir entró al sistema de salud pública durante la pandemia, con un contrato simbólico de una libra esterlina. Hoy ese vínculo vale 330 millones de libras. Y en mayo de 2026 se filtró que ingenieros de la empresa habían tenido acceso «ilimitado» a datos identificables de pacientes —algo que Palantir dice fue limitado y supervisado, pero que generó alarma entre médicos y organizaciones de derechos.
Los propios técnicos del sistema de salud británico dijeron algo revelador: aunque se saque a Palantir del contrato, «el genio ya salió de la botella». Es decir, el problema no es solo si la empresa se queda o se va: es que, una vez que una institución reorganiza su forma de trabajar alrededor de una plataforma privada, dejar de depender de ella se vuelve casi imposible.
¿Y qué tiene que ver Costa Rica con todo esto?
un anuncio del ministro de Hacienda que mencionó al Mossad, sin decir mucho másEl 24 de junio de 2026, el ministro de Hacienda —el expresidente Rodrigo Chaves, quien pasó a ser ministro con la presidenta Laura Fernández— anunció que Costa Rica «usará tecnología desarrollada en Israel por el Mossad» para combatir el contrabando y la evasión fiscal en las importaciones. No dijo qué producto, ni cuánto costaría, ni cuándo llegaría. Solo dijo que «vienen».
Eso encendió una alarma razonable: el Mossad es la agencia de inteligencia israelí, y NSO —la dueña de Pegasus— también es israelí. Pero conviene ser precisos: que la tecnología viniera de ese mismo ecosistema no significaba, automáticamente, que fuera Pegasus. El ministro nunca lo dijo. Eso es justo lo que pasó a aclararse en agosto —para peor, no para mejor.
Dos golpes de timón, en direcciones opuestas
un ministerio fue obligado a hablar; otro se cerró con candado — al mismo tiempoAbrir en Google Drive ↗
Primero: le sacaron la verdad a Hacienda
Un ciudadano le pidió a Hacienda que explicara en detalle qué tecnología israelí iba a usar. El ministerio no respondió a tiempo, así que el ciudadano presentó un recurso ante la Sala Constitucional (la Sala IV). La Sala le dio la razón, de forma unánime, y ordenó al viceministro de Ingresos dar una respuesta completa. Esa respuesta llegó el 13 de agosto —y contradice al propio ministro Chaves: Hacienda dijo, por escrito, que «la iniciativa no se ha desarrollado» y que no hay herramientas ni decisiones tomadas.
No sabemos si Chaves anunció en junio algo que en realidad no existía, o si Hacienda —ya bajo orden judicial— minimizó por escrito algo que sí existe. Ninguna de las dos cosas está probada todavía.
Segundo: la Seguridad se cerró con candado
Mientras Hacienda era obligada a abrirse, el otro lado del Estado hizo justo lo contrario. El 27 de julio, el Gobierno firmó un decreto —publicado el 10 de agosto— que declara secreto de Estado toda la información de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), del grupo «Fuerza Élite» y del Consejo de Seguridad Pública. Y no es solo información sensible de operativos: cubre también presupuestos, compras y contratos —justo el tipo de dato que permitiría revisar si se compró tecnología de vigilancia y con qué controles.
La Sociedad Interamericana de Prensa alertó que el decreto amenaza el acceso a la información pública. Y un exministro de Seguridad y un excontralor, consultados por la prensa, señalaron el riesgo central: que ese secreto se use, en el futuro, para tapar una compra de vigilancia sin que nadie pueda revisarla —ni siquiera por la vía que sí funcionó, semanas antes, contra Hacienda.
Aquí está lo más interesante, y lo más inquietante: no es que el país se volvió «más transparente» ni «más opaco» en general. Un pedazo del Estado (Hacienda) fue forzado a abrirse porque alguien litigó. Otro pedazo del mismo Estado (Seguridad) se blindó por su propia decisión, justo cuando más preguntas empezaban a hacerse. El mecanismo que funcionó contra Hacienda —pedir información y, si no responden, acudir a la Sala IV— quizás ya no funcione igual contra un decreto que invoca «secreto de Estado»: es un escudo legal distinto, y más difícil de perforar.
¿Y qué se podría hacer con todo esto?
algunas ideas que ya existen en germen en el país — no son consejos, son opciones sobre la mesaEl peligro de estas historias es que se lean, generen indignación un rato, y luego se olviden mientras las decisiones de fondo se toman sin que nadie mire. Para que eso no pase, hace falta bajar todo esto a preguntas concretas y exigibles.
Que el «secreto de Estado» tenga límite y fecha
Que el decreto no cubra, sin distinción, absolutamente todo lo relacionado con compras y contratos —y que exista un mecanismo de revisión independiente, aunque sea posterior, para las adquisiciones de tecnología.
Que cualquier anuncio de nueva tecnología venga con el contrato, no antes
Anunciar «viene tecnología del Mossad» sin decir cuál, cuánto cuesta ni cuándo llega deja al país meses especulando. La respuesta institucional razonable es: no se anuncia hasta que hay algo firmado y verificable.
Facilitar, no dificultar, el camino que ya funcionó una vez
Un solo ciudadano, con un recurso de amparo, logró que Hacienda hablara. Ese mecanismo debería ser la norma, no la excepción heroica —y debería sobrevivir también frente a los decretos de secreto de Estado.
Que universidades públicas acompañen estas decisiones
La UCR, la UNA y otros centros ya estudian ciberseguridad. Que ese conocimiento se use para asesorar, de forma independiente, cualquier adquisición de tecnología de vigilancia o de análisis de datos.
Camino de cuentas claras: el litigio que funcionó contra Hacienda se vuelve costumbre; el decreto de secreto de Estado se acota por ley; el país fija, por escrito, quién puede ver y bajo qué supervisión.
Camino mezclado: Hacienda sigue rindiendo cuentas caso por caso, pero el secreto de Estado en Seguridad se mantiene amplio y sin revisión —dos velocidades distintas conviviendo.
Camino de la opacidad ganadora: el episodio de Hacienda se olvida como anécdota, el decreto de secreto de Estado se usa como plantilla para blindar otras compras, y el país pierde la capacidad de saber qué tecnología de vigilancia tiene.
Lo que todavía queda en el aire
preguntas honestas, que nadie puede responder aún con certeza- ¿El anuncio de Chaves en junio fue solo un gesto político sin nada detrás, o Hacienda minimizó por escrito algo que sí existe?
- ¿Usará el Gobierno el decreto de secreto de Estado para blindar, más adelante, una compra real de tecnología de vigilancia?
- ¿Sobrevive el recurso de amparo —la herramienta que funcionó contra Hacienda— frente a algo declarado «secreto de Estado»?
- ¿Presentará alguna organización una acción legal contra el decreto, y con qué resultado?
- ¿Sobrevivirá NSO Group, la empresa de Pegasus, a su apelación en Estados Unidos?
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Explicamos incluso los temas más técnicos con calma y sin vocabulario complicado, pero sin recortarle la verdad a nadie —porque tratar a alguien como capaz de comprender es la forma más honesta de respetarlo.
Y, como siempre: esto es análisis para ayudarle a pensar, no una acusación contra personas concretas ni un pronóstico cerrado. Toda conclusión aquí es revisable ante nueva evidencia.