Dos planes, un mismo rumbo

El gobierno de Chaves: la tarea que quedó a medias

Si uno le pregunta a especialistas de cada área cómo le fue al gobierno de Chaves con sus propias promesas, el balance es parejo y no es bueno.

En educación, una exviceministra del MEP resume: no hubo capacitación sostenida para los docentes, el bilingüismo obligatorio no funcionó porque nunca se cambió el currículo, y la evaluación real del aprendizaje de los estudiantes fue, en sus palabras, "un fracaso". Su conclusión es tajante: "las promesas en educación no fueron cumplidas; por el contrario, hay un retroceso en todo".

En seguridad, un experto que trabajó años en el OIJ lo pone en números: 2023 fue el año más violento de la historia del país en homicidios, 2024 el segundo, y 2025 el tercero. Sí hubo cosas buenas —un aumento salarial pendiente para la policía, y un récord histórico de droga decomisada—, pero la promesa central, la de mejorar la seguridad, es la que él considera el fracaso más grande de todo el plan.

En economía, el panorama es mixto. El gobierno sí logró disciplina fiscal (dos años seguidos con superávit) y atrajo bastante inversión extranjera, sobre todo en zonas francas. Pero la promesa que más se repitió en campaña —bajar el costo de vida— no se cumplió: la electricidad, los granos básicos y las medicinas no son más baratos que al inicio, las cargas sociales subieron en vez de bajar, y la política para bajar el precio del arroz terminó con una caída del 30% en la producción nacional.

En salud, la exministra Ávila es clara: las listas de espera de la CCSS no bajaron, subieron. No hay evidencia de que se haya ampliado de forma real la capacidad de los EBAIS ni de que la telemedicina se haya implementado de manera amplia en el sistema público.

¿Por qué le costó tanto cumplir?

Acá vale la pena mirar el contexto, no solo el resultado. El partido de Chaves entró a la Asamblea Legislativa con apenas 10 de 57 diputados: una minoría diminuta para sacar adelante reformas que necesitan 38 votos. Frente a eso, el gobierno no eligió la vía de la negociación paciente, sino la de la confrontación abierta: según el informe Estado de la Justicia 2025, el Poder Judicial fue el segundo blanco favorito de los ataques verbales de Chaves desde Casa Presidencial —solo superado por la propia Asamblea—. Esa pelea permanente consumió tiempo y capital político que, en otro escenario, se habría podido usar para negociar las reformas grandes (Ciudad Gobierno, la reforma eléctrica, las jornadas 4x3) que, al final, quedaron pendientes. A eso se sumó una investigación penal paralela (el llamado caso BCIE) que también restó fuerza política al gobierno durante buena parte de su último año.

En otras palabras: no es solo que "no se pudo"; el propio estilo de gestión —pelear en vez de negociar— hizo más difícil cumplir lo que se había prometido.

El plan de Fernández: la misma ruta, con menos parecido del que parece

Laura Fernández ganó la presidencia con un plan que se llamó, sin rodeos, "El Plan de la Continuidad". La portada mostraba a Chaves, a la diputada Pilar Cisneros y a ella misma caminando juntos. El mensaje no podía ser más claro.

Pero cuando el semanario universitario de la UCR se puso a comparar, letra por letra, las más de 500 propuestas de ese plan con el plan original de Chaves de 2021, encontró algo llamativo: solo alrededor de una cuarta parte de esas propuestas tiene un vínculo real con la oferta original del chavismo. Es decir, la palabra "continuidad" —repetida como bandera de toda la campaña— describe con precisión menos de un tercio de lo que el plan realmente dice.

Lo que sí retomó tal cual

Ciudad Gobierno, la minería en Crucitas, las jornadas 4x3, la reforma eléctrica, la venta del Banco de Costa Rica, y la marina y terminal de cruceros en Limón: todos estos proyectos vienen directamente del período anterior.

Una propuesta que pasó bastante desapercibida

Leyendo el plan completo aparece algo que casi no se comentó en campaña: una reforma al Poder Judicial. El documento propone, con todas sus letras, cambiar la forma de elegir magistrados para que no pasen de 10 años en el cargo, y estudiar si ese mismo mecanismo serviría para removerlos "cuando el desempeño del magistrado no respalde su continuidad". También propone quitarle a la Corte Plena el control sobre la Sala Constitucional, la Fiscalía y el OIJ. Volvemos sobre esto en la sección 4, porque tiene implicaciones constitucionales concretas.

Cómo le ha ido en sus primeros meses

Su partido sacó 31 de 57 diputados —mayoría simple, pero no la mayoría absoluta que se necesita para los proyectos más grandes—. Eso ha vuelto a entrampar exactamente las mismas cuatro iniciativas prioritarias que quedaron pendientes con Chaves: Ciudad Gobierno, Crucitas, el 4x3 y la reforma eléctrica.

Su gobierno también tuvo un choque fuerte con la Sala Constitucional: tras un fallo de finales de julio, la presidenta lo calificó públicamente de "golpe de Estado judicial", y su bancada llegó a llamar "usurpadores" a los magistrados que lo firmaron.

En las encuestas hay un enredo que vale la pena aclarar, porque circularon dos cifras muy distintas. La Universidad de Costa Rica (CIEP) reportó un 59% de aprobación a los 100 días; la empresa OPol Consultores reportó un 74,7%. ¿Cuál creerle? Fuimos a ver las fichas técnicas de ambas, que es donde una encuesta explica cómo hizo su trabajo. La de la UCR dice todo lo que debe decir: a cuánta gente llamó, cómo escogió los números de teléfono (usando el registro oficial de numeración de SUTEL), qué tipo de muestreo usó y cuánta gente le colgó en cada pregunta. La ficha que OPol divulgó para esta encuesta en particular no especificó siquiera cómo contactó a la gente. Conviene ser justos: OPol sí publica fichas completas cuando se trata de encuestas electorales, porque ahí el Tribunal Supremo de Elecciones se lo exige; esta, al no ser periodo electoral, no estaba sujeta a esa regla. Eso no prueba que su número esté mal, pero sí significa que, de las dos, la de la UCR rinde cuentas de forma más completa sobre cómo llegó a su resultado.

Un detalle adicional que no logramos resolver: la misma encuesta de la UCR aparece reportada como 59% en unos medios y como 64% en otros. Puede que sean dos preguntas distintas del mismo cuestionario, pero no pudimos confirmarlo.

En todo caso, ambas mediciones coinciden en algo: lo que más le aplauden a Fernández es el tema de seguridad; lo que más le critican es el manejo de la economía y los impuestos, y su relación con el Poder Judicial.

Una contradicción concreta

El 19 de junio, Fernández invitó a los 57 diputados a visitar Crucitas para "construir acuerdos" sobre el proyecto minero. Horas después, ese mismo día, la bancada de su propio partido rechazó dos mociones de la oposición que buscaban simplemente pausar el proyecto mientras se dialogaba. La invitación al diálogo y el cierre de la puerta ocurrieron el mismo día.

La sección especial: cuatro maneras griegas de hablar (y una que se repite)

Esta mañana, antes de este especial, conversamos sobre las distintas escuelas de retórica de la Grecia clásica: los sofistas, que veían la palabra como pura herramienta de poder, sin importar si era verdad lo que se decía; Platón, que consideraba que una palabra sin verdad detrás es simple adulación —como maquillar en vez de curar—; Aristóteles, que la estudió de forma neutral, fijándose en tres ingredientes: la credibilidad de quien habla, la emoción que despierta, y el argumento racional; y los oradores prácticos, como Isócrates, que defendían que la buena retórica forma ciudadanos, no solo moviliza gente.

Aplicando esas cuatro lentes al lenguaje que ambos gobiernos usan cuando algo no les sale como quieren, aparece un patrón bastante consistente. Frases como "golpe de Estado judicial", "usurpadores", "Estado profundo", "proxenetas", "comunista y obstruccionista", o "que Dios los perdone" no buscan explicar, en términos técnicos, por qué una sentencia estaría mal fundamentada jurídicamente. Buscan otra cosa: desplazar la conversación del terreno del argumento al terreno de la emoción y la lealtad. Es, casi al pie de la letra, el truco que los griegos le criticaban a los sofistas: convertir el argumento más débil (técnicamente) en el más fuerte (políticamente), apoyándose en el poder casi hipnótico de la palabra sobre el ánimo de la gente.

Si uno usa la caja de herramientas de Aristóteles, el patrón se ve todavía más claro: hay mucho ethos (la narrativa de "nos persiguen porque somos honestos") y mucho pathos (palabras diseñadas para indignar y movilizar), pero muy poco logos: en las declaraciones que encontramos, casi no hay explicación técnica de por qué, en concreto, el fallo o la crítica estarían jurídicamente equivocados.

¿Se puede hacer lo que prometen? Los planes contra la Constitución

Para esta edición tuvimos acceso a los documentos originales de ambos planes de gobierno y al texto vigente de la Constitución. Eso permite una pregunta que casi nunca se hace en campaña: de todo lo que prometieron, ¿qué se puede hacer con una ley normal y qué requeriría cambiar la Constitución misma?

La diferencia no es un tecnicismo: cambiar la Constitución exige un procedimiento largo y mayorías muy altas, mientras que una ley común necesita apenas la mitad de los diputados más uno. Prometer lo primero como si fuera lo segundo es prometer algo que no se va a cumplir en cuatro años.

En el plan de Chaves hay dos promesas que chocan de frente con el texto constitucional. Prometió bajar al 1% la cantidad de firmas necesarias para convocar un referéndum y para que los ciudadanos propongan leyes. Pero la Constitución fija ese piso en 5% en sus artículos 105 y 123. No es un detalle reglamentario: es un número escrito en la Constitución, y bajarlo exige reformarla.

Hay algo todavía más curioso en ese mismo plan. La Constitución, en ese artículo 105, prohíbe expresamente someter a referéndum los temas presupuestarios, tributarios, fiscales, de pensiones y de seguridad. Es decir: justamente los temas que el plan de Chaves más quería resolver —la reforma fiscal, las pensiones, el costo de la vida— son los que la Constitución ya había sacado de esa vía. Dos pilares del mismo plan chocaban entre sí antes de que el gobierno empezara.

En el plan de Fernández aparece algo que no había sido muy reportado en prensa y que merece atención. El documento propone cambiar la forma de elegir magistrados para que no duren más de 10 años en el cargo, y definir si ese mismo mecanismo se aplicaría para removerlos "cuando el desempeño del magistrado no respalde su continuidad". La Constitución, en su artículo 158, establece períodos de ocho años con reelección automática, salvo que dos tercios de los diputados decidan lo contrario. Cambiar eso también requiere reforma constitucional. Y conviene ponerlo junto a lo de la sección anterior: la misma administración que llamó "golpistas" y "usurpadores" a magistrados por una sentencia, propone en su plan un mecanismo para removerlos según su desempeño.

Sobre la suspensión de garantías, hay una sorpresa: el texto escrito del plan es bastante más cuidadoso que el discurso de campaña. Habla de tramitarlo ante la Asamblea Legislativa, solo en casos de conmoción interna, con plazos máximos y sin tocar derechos inderogables. Eso sí calza con lo que permite el artículo 121 de la Constitución, que le da esa potestad a la Asamblea —nunca al Ejecutivo por su cuenta— y solo sobre una lista cerrada de derechos, por un máximo de 30 días y con 38 votos. O sea, el obstáculo real no es jurídico sino de aritmética: el partido de gobierno tiene 31 diputados, siete menos de los que necesitaría.

Sobre Crucitas, un matiz importante: la minería a cielo abierto no está prohibida por la Constitución sino por una ley común de 2010. Derogarla solo necesita mayoría simple. Lo que sí impone la Constitución es el derecho de todos a un ambiente sano (artículo 50), que no prohíbe la minería pero obliga a garantizar ese derecho en cualquier esquema de explotación —por ahí es previsible que llegue el litigio.

Sobre la venta del Banco de Costa Rica, el asunto es genuinamente discutido: la Constitución menciona a "los Bancos del Estado" como instituciones autónomas en su artículo 189, y no hay consenso público disponible sobre si venderlos exige reformar ese artículo o basta una ley. No lo resolvemos acá; lo dejamos señalado como debate abierto.

El presupuesto 2027: dónde se ve de verdad la agenda social

Un plan de gobierno dice lo que un gobierno quiere hacer. El presupuesto dice lo que va a hacer. Por eso vale la pena mirar el proyecto de presupuesto para 2027, que se presentó el 1.º de setiembre y que los diputados están discutiendo justo ahora.

Antes que nada, un dato que conviene tener presente: quien presentó ese presupuesto es Rodrigo Chaves, que hoy es ministro de Hacienda y de la Presidencia al mismo tiempo, además de coordinador del gabinete. Es decir, la misma persona que fue presidente durante cuatro años maneja ahora las partidas presupuestarias y la relación con el Congreso. Es la primera vez desde la fundación de la Segunda República que un presidente saliente ocupa un ministerio en el gobierno que lo sucede.

Lo primero, para ser justos: el gasto social sube

Circuló mucho el titular de "recortes sociales", y hay que matizarlo, porque el propio documento de Hacienda dice otra cosa en el agregado: el gasto social del proyecto 2027 es de ₡5,5 billones, equivale al 9,9% de todo lo que produce el país en un año, y crece 4,6% respecto al presupuesto actual —mientras el presupuesto total cae 3,1%—. Educación y Protección Social juntas se llevan la mitad del presupuesto nacional.

Entonces, ¿de qué se quejan los diputados de oposición? De que dentro de esa bolsa que crece, hay programas específicos que bajan. Y ahí sí tienen razón: el Ministerio de Educación pierde ₡19.229 millones (dato que verificamos directamente contra el documento oficial), las becas Avancemos bajan de ₡75.000 a ₡67.000 millones, la Red de Cuido pierde ₡13.607 millones, y la plata que el fondo FODESAF le gira al PANI cae a la mitad.

La discusión real, entonces, no es si se recorta lo social en general. Es hacia dónde se está moviendo la plata dentro de lo social.

Una advertencia honesta sobre las cifras

Hay algo que complica a todos los bandos de esta discusión. Cuando uno mira ministerio por ministerio, aparecen saltos que ninguna decisión política explica por sí sola: el Ministerio de Trabajo pierde el 55% de su presupuesto, el de Vivienda lo multiplica por dieciocho, y el de Salud sube 48,6%. Eso no es que el gobierno haya decidido de un día para otro dejar de trabajar en empleo: significa que se movieron transferencias completas de un ministerio a otro. Mientras Hacienda no publique el detalle de esos traslados, ni el gobierno puede decir "no se recortó nada" mirando el total, ni la oposición puede decir "cayó este ministerio, luego cayó ese servicio". Y esa falta de claridad es, en sí misma, un problema para que la ciudadanía pueda controlar en qué se gasta su plata.

También corregimos algo que nosotros mismos habíamos dicho: circuló que "Presidencia sube 16,8% mientras lo social baja". Es cierto a medias. Hay dos partidas distintas con nombres parecidos: el Ministerio de la Presidencia sí sube 16,8%, pero la Presidencia de la República baja 20,7%. Sumadas las dos, el resultado neto es una caída de 13,5%. La frase "el centro político engorda mientras lo social adelgaza" no se sostiene con estos números.

El hallazgo más importante: esto es una decisión, no una obligación

Acá está, a nuestro juicio, lo que más debería discutirse y casi no se discute.

Costa Rica tiene una "regla fiscal", una ley que limita cuánto puede crecer el gasto público según cuán endeudado esté el país. Como nuestra deuda supera el 60% de lo que produce el país, estamos en el escenario más estricto. En ese escenario, para 2027 el gasto podía crecer hasta un 4,08%.

El gobierno propuso que creciera 2,16%.

O sea: había margen legal para gastar cerca del doble de lo que se propuso, y se decidió no usarlo. Esto cambia por completo el sentido de la conversación. El gobierno puede defender esa decisión con buenos argumentos —el país gasta ₡1,60 por cada colón que recauda, y solo pagar la deuda cuesta ₡13.800 millones por día—. Pero lo que no puede decir es que no había alternativa. La había, y se escogió no tomarla. Eso es una preferencia política legítima, y como tal debería debatirse abiertamente, no presentarse como una fatalidad aritmética.

Lo que el plan prometió y el presupuesto no financia

El plan de gobierno promete, con todas sus letras, subir a 370.000 las becas Avancemos, agregando 50.000 cupos nuevos, para cubrir al 100% de los estudiantes en pobreza. Cuatro meses después, el mismo gobierno presentó un presupuesto que le quita ₡8.000 millones a ese programa. Según las estimaciones disponibles, cumplir esa meta costaría alrededor de ₡119.000 millones; el presupuesto asigna cerca de ₡67.000 millones. Es ampliar cobertura con poco más de la mitad de la plata que esa ampliación necesitaría.

Con la niñez pasa lo mismo. El plan promete fortalecer al PANI, ampliar su presencia en las zonas más vulnerables y expandir la Red de Cuido. El presupuesto le baja la transferencia de FODESAF a la mitad, dejándolo exactamente en el mínimo que la ley obliga a darle: 2,59%, cuando el año pasado recibió cerca del 5,7%. Bajar al piso exacto que marca la ley no es un descuido: es una decisión tomada con criterio.

Hacienda responde que simplemente aplicó la fórmula legal, y que algunas instituciones no ejecutan la plata que reciben. Es un argumento razonable y jurídicamente correcto —pero descansa en un supuesto (que efectivamente había plata sin gastar) que nadie ha documentado públicamente. Es justo lo que los diputados podrían pedir que se demuestre.

Dos detalles chicos que dicen mucho

Las Partidas Específicas —esa plata que llega directamente a comunidades y organizaciones locales— desaparecen por completo: de ₡2.500 millones a cero. Es poco dinero en el total nacional, pero es el instrumento más directo que tiene una comunidad pequeña para recibir algo del presupuesto.

Y el llamado "presupuesto con enfoque de género" suma ₡1,75 billones, de los cuales el 95,5% es simplemente el presupuesto del MEP. El INAMU ni siquiera aparece en el desglose. Como medida de política de igualdad, esa cifra dice muy poco.

Entonces, ¿cuál es la agenda social?

Juntando todo: no es desmantelamiento ni es expansión. Es reorganización con la billetera apretada por decisión propia. Tres rasgos:

Primero, la apuesta es fusionar y focalizar: el plan propone juntar las tres entidades que manejan la Red de Cuido (PANI, IMAS y CEN-CINAI) en una sola, y concentrar los beneficios en los hogares más pobres. Atender a menos gente, pero a la más necesitada, cuesta menos. Es una apuesta coherente en sus propios términos, pero descansa en que realmente haya duplicidades que eliminar —y eso nadie lo ha demostrado con datos.

Segundo, la niñez es donde más se separa lo que se dice de lo que se financia.

Tercero, la seguridad desplazó a la protección social como el tema que le da legitimidad al gobierno, y el presupuesto sigue esa curva: las plazas nuevas se concentran ahí.

Qué viene ahora

El calendario es preciso: el 15 de octubre es la fecha límite para presentar mociones que modifiquen el presupuesto, el 20 de octubre lo vota la Comisión de Hacendarios, y los debates finales son el 27 y el 29 de noviembre. Hay tres cosas que vale la pena mirar: si Hacienda explica esos traslados raros entre ministerios, si las mociones devuelven la plata al PANI, la Red de Cuido y Avancemos, y si el gobierno acepta usar el margen que la regla fiscal le permite. A diferencia de casi todo lo demás que quiere hacer este gobierno, el presupuesto se aprueba con mayoría simple —o sea, acá sí tiene los votos.